“Nos abandonan aquí a morir”: Deportaciones desde Estados Unidos a México de cubanos

Human Rights Watch acaba de publicar un informe titulado “Nos abandonan aquí a morir”, en el que documenta la situación de personas que no son mexicanas, muchas de ellas cubanas, deportadas por Estados Unidos a México bajo la segunda administración de Donald Trump. Según el informe, entre el 20 de enero de 2025 y el 9 de marzo de 2026, Estados Unidos deportó a México a casi 13.000 nacionales de terceros países. El grupo más numeroso son los cubanos: 4.353 deportaciones registradas entre enero de 2025 y marzo de 2026. Muchos de ellos vivieron en Estados Unidos durante años o incluso décadas, formaron familias, trabajaron, pagaron impuestos y, en varios casos, tenían esposas, hijos y nietos ciudadanos estadounidenses. El informe explica que durante años muchos cubanos con órdenes de deportación no eran removidos porque Cuba frecuentemente se negaba a aceptarlos. Por eso permanecían en Estados Unidos bajo órdenes de supervisión, con permisos de trabajo y presentándose periódicamente ante ICE. Pero esa realidad cambió drásticamente con la nueva política de deportaciones masivas y con el uso de México como país receptor de personas que no son ni mexicanas ni estadounidenses. Human Rights Watch entrevistó a 41 hombres cubanos y a otras 12 personas de Venezuela, Haití, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Jamaica. Muchos describieron experiencias traumáticas: detenciones en citas rutinarias con ICE, separación abrupta de sus familias, condiciones deplorables en centros migratorios de Estados Unidos y deportaciones a México sin documentación, sin dinero, sin pertenencias y sin una vía clara para regularizarse. Uno de los puntos más delicados del informe es la denuncia de posibles violaciones al debido proceso. Según Human Rights Watch, muchas personas fueron enviadas a México sin evaluaciones individualizadas, incluso cuando algunas habían expresado temor a ser deportadas a ese país. El informe también señala que ni Estados Unidos ni México han hecho público el acuerdo o entendimiento bajo el cual se están produciendo estas deportaciones. Ya en México, el panorama descrito por la organización es alarmante. Muchos deportados quedan en un limbo legal. Las autoridades mexicanas suelen indicarles que tienen un plazo limitado para iniciar un proceso ante la COMAR, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Pero el acceso real al refugio está lleno de obstáculos: falta de teléfonos, falta de correos electrónicos, demoras en las citas, imposibilidad de trasladarse y dificultades para cumplir con requisitos burocráticos. Para muchos cubanos, México termina siendo una especie de destino final, porque Cuba no los acepta de regreso. El informe también describe casos de personas mayores, enfermas, con diabetes, hipertensión, problemas cardíacos, enfermedades crónicas o condiciones mentales, abandonadas en ciudades mexicanas sin acceso adecuado a medicamentos, albergue o atención médica. Algunos terminaron durmiendo en parques, frente a hospitales o dependiendo de refugios privados y de la ayuda de familiares en Estados Unidos. Este tema plantea preguntas muy difíciles. ¿Puede Estados Unidos deportar a una persona a un tercer país con el que no tiene vínculo alguno? ¿Debe México aceptar a estas personas sin ofrecerles una vía real de regularización? ¿Qué responsabilidad tiene Cuba, que se niega a recibir a sus propios ciudadanos? ¿Y cómo se equilibra el derecho de un país a ejecutar órdenes de deportación con el deber de respetar el debido proceso, la dignidad humana y el principio de no devolución?