Contraloría rechazó las modificaciones a la Ley Uber propuestas por el ministro de transportes

Entrevista en Radio 13c. En la entrevista abordé distintos temas vinculados con la regulación del transporte, la seguridad de los pasajeros, la evasión del pago en el transporte público y la fiscalización de conductas incívicas en el tránsito. En primer lugar, expliqué que el rechazo de Contraloría a la modificación reglamentaria impulsada por el Ministerio de Transportes no fue un asunto meramente administrativo, sino una señal institucional relevante de que las reglas públicas no pueden modificarse sin fundamentos técnicos, jurídicos y objetivos suficientes, menos para favorecer a una empresa en particular. Desde mi perspectiva, la propuesta buscaba rebajar estándares aplicables a los vehículos y conductores de plataformas de transporte por aplicaciones. Esto implicaba permitir autos más antiguos, más pequeños y con menores exigencias técnicas, además de reducir la información que las empresas debían entregar al Estado. A mi juicio, aquello debilitaba la capacidad de fiscalización y podía afectar directamente la seguridad de los usuarios. También planteé que la modificación parecía favorecer especialmente a una empresa, generando una asimetría respecto de otros actores del sistema, incluidos los taxis tradicionales, que sí deben cumplir exigencias más estrictas. Otro punto relevante fue la discusión sobre la legalidad de estas plataformas. Señalé que no corresponde presentar su regularización simplemente como creación de empleo, porque hoy esta actividad opera fuera del marco legal del transporte remunerado de pasajeros. En ese sentido, sostuve que el Estado debe actuar con coherencia frente a las distintas formas de informalidad. Respecto de la evasión en el transporte público, afirmé que el servicio debe pagarse y que la evasión debe ser sancionada. Sin embargo, también advertí que las multas deben ser proporcionales y distinguir entre quienes evaden sistemáticamente y quienes enfrentan dificultades económicas transitorias. Por ello, propuse avanzar hacia sanciones progresivas e incentivos que favorezcan el uso regular del sistema. También, señalé que la fiscalización debe ampliarse a otras conductas que afectan la convivencia vial, como escapes libres, bocinazos innecesarios, exceso de velocidad y carreras ilegales. Hoy existen tecnologías y herramientas legales para controlar mejor estas prácticas, pero se requiere una decisión pública más firme para aplicarlas de manera efectiva.